En los últimos 15 años se duplicó la cantidad de presos en el país. La idea oficial incluye salidas transitorias y construir más penales.
La suba en la tasa de detenciones generó que las cárceles argentinas estén al límite de su capacidad, ya que en los últimos 15 años se duplicó la cantidad de presos en el país. Por lo tanto se están evaluando distintas medidas alternativas a la encarcelación.
En el ámbito del Servicio Penitenciario Federal (SPF) el problema principal pasa por el área metropolitana, debido a que alojan mayormente a detenidos por orden de la Justicia nacional con asiento en la Capital.
Según informa La Nación, actualmente hay 11.940 detenidos bajo la órbita del SPF, que tiene unas 12.500 plazas, lo cual no implica una sobrepoblación, pero en algunos casos la cantidad de ingresos permanentes dificulta la distribución de los internos. Devoto, Marcos paz y Ezeiza, los tres grandes complejos del Área Metropolitana de Buenos Aires son los que más demanda tienen y en ellos hay más detenidos que plazas. Esto genera una sobrepoblación del 4%.
Una de las medidas que implementó el Gobierno nacional para descomprimir los penales es evaluar perfiles de internos cuyo tratamiento «es más propicio por fuera del contexto de encierro». Básicamente se refiere a las personas que son capaces de cumplir su pena en prisión domiciliaria o acceder a salidas anticipadas para trabajar o estudiar.
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos explicaron: «El Poder Ejecutivo no se está facultado para otorgar arrestos domiciliarios o libertades anticipadas. Las personas detenidas se encuentran a disposición del Poder Judicial, que es el que debe tomar las decisiones pertinentes».
«Desde enero de 2017, y por la situación crítica que atraviesan las cárceles federales en cuanto a disponibilidad de plazas genuinas, el SPF informa regularmente a los jueces del fuero penal, a la Defensoría General de la Nación, al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias y a la Procuración Penitenciaria de la Nación, entre otros, el listado de internos que podrían acceder al Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación», informaron desde el sector.
La lista de personas que cumplen con los criterios de prioridad que establece la ley para estar en condiciones de acceder a la detención domiciliaria o a una salida anticipada incluye 22 mujeres embarazadas, 443 mujeres con hijos pequeños, 92 presos enfermos terminales o con tratamientos crónicos o alguna discapacidad, 99 mayores de 70 años y 85 internos pertenecientes al colectivo LGTBI.
Además, hay unos 695 detenidos que también cumplen los criterios establecidos por ser considerados de baja peligrosidad o porque se encuentran transitando el último tercio de su condena.
Además, se están llevando adelante obras para acondicionar tres nuevos centros de ingreso, entre ellos, un ex instituto de menores y un espacio en los Tribunales de Avenida de los Inmigrantes en Retiro que estaba en desuso.
También está en marcha un plan de obras carcelarias en distintos puntos del país: En Agote (Mercedes, Buenos Aires), se inaugurará un espacio con 1100 plazas en diciembre. En Coronda, Santa Fe, habrá 600 nuevas plazas, más otras 700 en Cuyo.
Además, se culminarán ampliaciones en el penal de Marcos Paz, que sumará 200 plazas, y en Güemes, Salta, donde también se incorporará espacio para 200 internos más.
Fuente: La Nación
